Bruselas pide explicaciones al Gobierno por su rechazo a la opa de BBVA al Sabadell. La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento para investigar los indicios de injerencia política en la operación, según un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli. Desde que se conocieron los planes del grupo de La Vela, Moncloa defiende sin fisuras una oposición frontal a la opa y amenaza con vetar la integración en caso de que los accionistas de la entidad catalana acepten el canje propuesto.
La Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capital (Fisma, por sus siglas en inglés) decidió el pasado mes de julio iniciar el procedimiento conocido como EU Pilot.
Se trata de un intercambio de información informal entre Bruselas y los estados miembros acusados de un posible incumplimiento de los tratados de la Unión Europea. Fuentes oficiales de Economía confirman el procedimiento de la Comisión Europea y explican que han respondido a la consulta informando del "punto procedimental de situación de adquisición de Sabadell por parte de BBVA y la justificación normativa que habilita al Ministerio a actuar".
“Tras un análisis preliminar de las cuestiones planteadas en su denuncia, hemos llegado a la conclusión de que hace falta más información de las autoridades nacionales del Estado miembro interesado antes de poder alcanzar una decisión definitiva sobre aquella”, justifica la Comisión Europea en su respuesta a la denuncia interpuesta por el abogado Isaac Ibáñez García.
Mi opinión es exactamente la misma, de una gran preocupación por el impacto en competencia y el posible deterioro de la situación para los consumidores", Carlos Cuerpo, ministro de Economía
Los procedimientos EU Pilot sirven a Bruselas para investigar si existen motivos para incoar un proceso formal de infracción, que podría conllevar sanciones al estado miembro. En su demanda, registrada en la CE con el número de expediente CPLT(2024)01375, el abogado independiente denuncia que la fuerte oposición del Gobierno a la opa de BBVA supone una “injerencia arbitraria”, al actuar de forma “prematura y sin ajustarse a los procedimientos establecidos”.
Posible vulneración de los Tratados de la UE
Por ello, expone que se vulnera el principio de seguridad jurídica, la libre circulación de capitales y el derecho fundamental a la libertad de empresa. Y esgrime que la injerencia política está afectando a la cotización de BBVA y alejando a los grandes fondos de inversión por la incertidumbre sobre la integración. Estos indicios son los que está investigando la Dirección General de Estabilidad Financiera.
“Mi opinión es exactamente la misma, de una gran preocupación por el impacto en competencia y el posible deterioro de la situación para los consumidores, también en materia de inclusión financiera; por la cohesión territorial, por la financiación de pymes o por la conservación del empleo”, afirmó Carlos Cuerpo, ministro de Economía, el pasado 11 de octubre.
Es la misma versión que repiten los miembros del Gobierno desde el 9 de mayo, cuando BBVA decidió lanzar una opa hostil tras el rechazo de la cúpula del Sabadell a una fusión.
Moncloa se aferra a la reforma de la Ley de Supervisión Bancaria, aplicada en 2014 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que reserva a Economía el poder de veto como herramienta de supervisión sobre operaciones estratégicas. Esta prerrogativa se contempla en la disposición adicional decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
BBVA intenta convencer al Gobierno
En la denuncia que ha servido para iniciar el EU Pilot, el abogado expone que de la lectura de dicha norma y de su desarrollo reglamentario “no se infiere cuáles pueden ser los motivos reglados o tasados para sustentar una denegación de la operación”, máxime si ninguno de los órganos citados en la norma, como el Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en los aspectos de su competencia, ha revelado “motivos de importancia al respecto”.
Consciente del poder de veto de Moncloa, el equipo directivo de BBVA se afana por convencer al Gobierno de las bondades de la operación. Promete que los ahorros estimados, de unos 850 millones de euros brutos, no procederán en su mayoría de un ajuste de empleo y garantiza que mejorará el servicio para las pymes, sin que afecte a la competencia.
La cúpula de BBVA asume que tardará más tiempo en culminar la opa hostil y dentro de la entidad ya trabajan con que se pueda prolongar al menos a primavera, como publicó este medio y posteriormente confirmó el propio ministro de Economía. Se romperían así los plazos iniciales del grupo de La Vela, que contemplaban desde el principio que la operación concluiría entre diciembre y enero.
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