En octubre pasado, en España había 5.153.239 demandas de empleo pendientes de ser satisfechas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De esta cantidad, 3,257 millones correspondían a parados y el resto, casi 1,9 millones, a personas que el Ministerio de Trabajo considera no paradas, entre las que se incluyen 744.178 trabajadores que estaban ocupados en el momento de confeccionar la estadística, pero que buscan unas condiciones económicas, laborales o de horario mejores que las que tienen en sus actuales puestos de trabajo.
Al analizar detenidamente la descomposición del dato de “demandas de empleo pendientes de demandantes parados” sorprende que, en una economía de servicios como la española (las dos terceras partes del Producto Interior Bruto provienen de esa actividad, muy por encima de la industrial, la agrícola o la construcción), uno de los puestos más solicitados de trabajo entre los desempleados es en la administración pública. Uno de cada doce parados en España busca su refugio laboral allí, pero en algunas comunidades autónomas como Extremadura y Castilla-La Mancha es la primera opción y en otras como Andalucía y Canarias, la tercera.
Según los últimos datos pormenorizados publicados por el Ministerio de Trabajo correspondientes al mes de octubre, las peticiones para un empleo en la “Administración Pública y Defensa”, según la catalogación oficial de las actividades económicas, eran las cuartas en orden de importancia, por detrás del “comercio y la reparación de vehículos”, las “actividades administrativas” y la “hostelería”.
En concreto de los 3,257 millones de parados del mes de octubre pasado, más de 274.000 buscaban un puesto en cualquier de las administraciones públicas españolas, lo que equivale a un 8,41% del total. Por delante se encontraba el comercio (456.972 demandas, el 14% del total); las actividades administrativas privadas (431.820, el 13,25%) y la hostelería (374.843, el 11,5%). Inmediatamente detrás figuran actividades tan tradicionales en España como la construcción, la industria manufacturera o la agricultura y ganadería.
Los ciclos económicos tienen mucho que ver con las demandas laborales. En épocas de bonanza, donde el empleo fluye con relativa facilidad, los trabajadores son más proclives a asumir ciertos riesgos a la hora de cambiar de puesto de trabajo, en la confianza de que un error, llegado el caso, se puede corregir con relativa facilidad. Todo lo contrario sucede con las recesiones, que multiplican exponencialmente el conservadurismo laboral.
El número de ocupados en el sector púbico era en septiembre pasado, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) de 3.484.000, después de haber aumentado en 146.900 desde septiembre de 2020, en plena explosión de la crisis sanitaria. Hace dos meses suponían ya el 17,4% del total de ocupados en España, que había vuelto a sobrepasar, por poco, la barrera de los 20 millones.
Parados por Comunidades Autónomas
En Extremadura, uno de cada cuatro demandantes de empleo en paro busca trabajo en la Administración Pública, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Son 23.085 personas, para un total de 94.207 que se encuadran en el epígrafe analizado. Suponen el 24,5% del total y son, con mucha diferencia, la primera alternativa de empleo por delante del comercio, la hostelería o la construcción.
En Castilla-La Mancha sucede más o menos lo mismo, aunque el porcentaje baja algo. En octubre, 29.963 parados demandaban trabajo en la Administración Pública (con Defensa), lo que representa el 18,72% de todas las solicitudes de empleo de los desempleados castellanomanchegos. Por detrás, entre las preferencias, se situaban las actividades administrativas privadas, con el 10,71% del total, el “comercio y la reparación de vehículos”, con el 10,55%, y la hostelería, con el 8,83%.
Un dato que sorprende inicialmente es el de Canarias. Una comunidad fuertemente dependiente de las actividades relacionadas con el sector servicios, es con Andalucía, la región cuyos parados miran más al sector público. Un 11,1% (Andalucía tiene el 11,4%) busca trabajo en cualquiera de las administraciones públicas, aunque es la tercera por número de preferencias, por detrás de comercio y hostelería. Idéntico orden se repite en Andalucía. En el caso de Canarias es muy posible que la especial situación que vive el turismo por las restricciones internacionales a los viajes por la pandemia se haya reflejado en los datos.
Los datos más bajos se dan en el País Vasco (2,75% de las demandas de los parados), La Rioja (3,10%), Aragón (3,67%), Murcia (3,73%), Cataluña (3,89%) y Baleares (3,98%). Los más altos, en Ceuta (37,21%) y Melilla (32,34%), pero su condición de ciudades autónomas y su especial situación geográfica no admiten comparación alguna.
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