El PSOE ha presentado este domingo dos escritos ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar 'in extremis' que este órgano paralice la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, que incluye modificaciones en las leyes que regulan el CGPJ y el propio TC.
El pasado miércoles, el PP presentó un recurso de amparo ante el Alto Tribunal en el que pedía paralizar con medidas cauteralísimas estos cambios en el Poder Judicial. En un Pleno extraordinario que se celebrará este lunes, el Constitucional deberá estudiar si admite el recurso de los populares e impide que la reforma legal de Sánchez avance al Senado, o si, por el contrario, paraliza su tramitación. Los socialistas consideran que la maniobra del PP vulnera derechos de los ciudadanos.
La noticia, adelantada por eldiario.es, llega apenas unas horas después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, evitase en una rueda de prensa en Ferraz revelar si el PSOE tenía un 'plan B' ante una posible admisión del TC del recurso del PP. El ministro se limitó a acusar a Feijóo de querer "controlar la democracia por la puerta de atrás".
Según los escritos presentados por el PSOE a los que ha accedido Europa Press, los socialistas consideran que si se admite la petición del PP, el Tribunal Constitucional "vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes" y, además, se "perturbaría" el funcionamiento de las Cortes Generales. Asimismo, los socialistas alegan que la interposición de los recursos de amparo sin haber agotado las vías internas es causa de inadmisión a trámite con carácter previo "como tiene determinado" el propio Tribunal Constitucional. Por ello reclaman que admitir una medida cautelarísima como la solicitada, "implicaría que el Tribunal Constitucional vía interpretativa, interfiriera en la competencia del legislador".
En otro escrito, el PSOE ha solicitado ante el TC que se aparte del recurso a los magistrados Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, adhiriéndose así a la recusación formulada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, alegando que fueron nombrados por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a propuesta de su Ejecutivo, por lo que, podrían tener "interés directo o indirecto en el pleito o causa".
Crisis institucional
El cambio de modelo en la elección de magistrados del TC, que Sánchez incluye en su reforma legal, ha desencadenado una crisis institucional del que forman parte las Cortes Generales, el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. El PSOE anunció el 8 de diciembre que pretendía cambiar la ley para forzar la entrada de sus dos magistrados -el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez- en el TC. Para ello, enmendó la reforma del Código Penal con motivo de la sedición.
El miércoles, los populares interpusieron un recurso de amparo ante el Constitucional para frenar la votación de la reforma legal de Sánchez que el jueves tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el TC pospuso su Pleno extraordinario al lunes y facilitó la aprobación del cambio del Código Penal, que incluía también la eliminación del delito de la sedición y la rebaja del castigo por malversación.
Ahora, tras el visto bueno del hemiciclo, la reforma del Código Penal debería ser validada el jueves por el Senado. Pero todo dependerá de dos citas: el pleno del TC del lunes y el pleno del CGPJ del martes.
Respecto al pleno del TC, el Alto Tribunal puede o bien denegar la cautelarísima, como defienden los progresistas, o estimarla e impedir la tramitación en el Senado, que provocaría una situación sin precedentes en nuestra democracia. El cónclave del CGPJ también es esencial para los vocales conservadores, que tratan de sacar adelante los nombramientos antes de que entre en vigor la reforma que cambia el sistema de elección. La llave en esta ocasión la tienen los vocales progresistas, que ahora prefieren esperar y mantener al candidato Manuel Bandrés. Los conservadores consideran que Bandrés es el candidato del Gobierno y que esta parte del CGPJ actúa siguiendo dictados de Moncloa para poder tener más peso en el Tribunal Constitucional.
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Zuce
Algo que no debiera dar lugar a dudas y haberse resuelto de inmediato ha sido postergado hasta el lunes ¿Por qué? ¿Quizás para dar tiempo a los socialistas, y por ende al gobierno, para realizar otra triquiñuela en aras de conseguir su proposito golpista?¿Nos fiamos de los jueces del Tribunal Constitucional? Es inaudito toda la mi.... que rodea todo esto ¿cuánto vendido y cuán poca honestidad?
Libre
Está clara la estrategia del PSOE. A mi juicio el Constitucional debe obrar como dijo Jesús: "Jesús dijo a sus apóstoles: “Yo os envío como a ovejas en medio de lobos: sed, pues, ASTUTOS COMO SERPIENTES y mansos como palomas." Al presidente del Tribunal Constitucional ningún Pumpido le tiene que levantar la voz En estos casos en mejor fijarse en lo fundamental y desechar lo superfluo. Y en caso necesario tirar por la calle principal
Ottos
"El pasado jueves, el Sr. Presidente del Gobierno de España manifestó, tras participar en la sesión de trabajo del Consejo Europeo organizada en Bruselas, que la derecha política y judicial han querido atropellar la democracia. Estas declaraciones se produjeron tras las realizadas por portavoces parlamentarios, en las que se vertieron groseras descalificaciones sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial que asumimos esta declaración consideramos irresponsable hacer ese tipo de aseveraciones, carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de las instituciones ante la ciudadanía. Tanto el Alto intérprete de la Constitución como los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria han contribuido decisivamente a la consolidación de la Democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución. Por eso la Comisión Europea exige que, para respetar el Estado de derecho, los miembros de los gobiernos y parlamentos de los Estados de la Unión Europea deben "abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto" (Recomendaciones de la Comisión Europea 2016/1374, 2017/146 y 2017/1520). El Estado de Derecho es la piedra angular de una sociedad democrática, donde los tres poderes y todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la Constitución, bajo cuyo cobijo se garantiza la convivencia libre y pacífica, en condiciones de igualdad. El cumplimiento del orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos es el papel fundamental que los jueces cumplen, con independencia de sus ideas u opiniones particulares. Por todo ello, al tiempo que rechazamos esas descalificaciones, hacemos un llamamiento a una convivencia regida por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento es especialmente exigible a todos quienes desempeñamos responsabilidades públicas. En Madrid, a 17 de diciembre de 2022
LeonAntonio
Si por ex-falangista bisoño y mediocre se refiere Vd. a Jorge Buxadé, el Sr. Buxadé es un gran abogado, Número Uno de su promoción de Abogacía del Estado y político que se codea con grandes líderes europeos como la Sra. Meloni o el Sr. Orbán.