El juez Velasco investiga si las 22 facturas que acaba de entregar un pequeño empresario de Tomelloso en la Audiencia Nacional son ficticias y sirvieron a la trama para conseguir fondos en metálico con los que abonar las 'mórdidas' a diferentes cargos públicos que facilitaron el amaño de contratos. Las mismas fueron expedidas con conceptos tan variados como "limpieza de obra", "colocación de tubos", "tapado de rozas" e, incluso, por trabajos en el cementerio de Torrejón de Velasco (Madrid). 

En el auto de ingreso en prisión del extesorero, el magistrado resalta que los fondos atesorados por éste en paraísos fiscales sólo proceden "en parte" de las comisiones cobradas de la red liderada por Francisco Correa. El escrito judicial apunta a la existencia de "otras fuentes de ingresos de origen desconocido" como única manera de explicar los 48,2 millones de euros que llegó a acumular.

El presidente del Gobierno da explicaciones sobre los casos de financiación en 'B' que sacuden a su partido y a su figura, negando que las informaciones de los "sobresueldos" del PP sean ciertas. Cree que lo publicado es una manipulación con la intención de desestabilizar al Gobierno y exhorta a los suyos: "Voy a seguir aquí, hay que sacar la cabeza y mantenerla alta y firme". Dará a conocer su decalración de la renta y patrimonio, camino que van a seguir otros barones territoriales.

Hacienda confiesa su impotencia pero asegura que no puede "reinterpretar la norma que ha escrito Justicia". Además, los abogados denuncian una batería de "chapuzas técnicas": los ciudadanos pagarán tasas si litigan contra autonomías o ayuntamientos pero las administraciones públicas no pagarán si ligitan contra ciudadanos, entre otras. Son las siguientes: