Las familias de cinco especialistas en desactivación de artefactos explosivos del Ejército que resultaron muertos en 2011 al estallar accidentalmente varias minas anticarro y dos especialistas más que resultaron gravemente heridos llevan seis años pleiteando con Defensa para que les indemnice. Su último recurso es el Tribunal Supremo.

Cospedal se enteró por la prensa de la existencia del informe que el Consejo de Estado remitió en octubre al Gobierno. Los técnicos de su Departamento estaban preparando una réplica "exhaustiva" al texto, cuya filtración precipitó el relevo de Trillo y ha llevado a Cospedal a pedir perdón a las víctimas de la tragedia "en nombre del Estado".

Los populares confían en que la polémica por el informe del Consejo de Estado sobre el accidente quede zanjada parlamentariamente el lunes, con la comparecencia de Cospedal en la Comisión de Defensa. Si C's y PNV votan junto a ellos en la Diputación Permanente, evitarán un pleno extraordinario sobre el asunto, cosa que demandan PSOE y Podemos.

El tratamiento que la televisión pública ha realizado del informe del Consejo de Estado sobre el Yak-42 ha sido duramente criticado dentro de la corporación, puesto que una parte de los periodistas de Torrespaña considera que los jefes de los Servicios Informativos trataron de ‘esconder’ la noticia en el telediario. Existen varios precedentes “preocupantes” a este respecto, en casos como Gürtel.

Las familias de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yak-42 cuando regresaban a España desde Afganistán el 26 de mayo de 2003, piden el cese inmediato de Federico Trillo, entonces ministro de Defensa y hoy embajador de España en el Reino Unido, tras conocerse un dictamen del Consejo de Estado que reconoce la responsabilidad de su departamento en el siniestro.