Los grupos parlamentarios de ERC, EH Bildu y BNG han propuesto este jueves la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre el espionaje con el programa Pegasus del que supuestamente fueron víctimas en sus móviles 65 políticos, activistas, periodistas y abogados por su vinculación al independentismo catalán o vasco.

Se trata de la tercera comisión de investigación que los grupos que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez solicitan en el Congreso, ya que el pasado viernes Junts y PNV pidieron otras dos: una sobre la denominada "Operación Cataluña" y las actuaciones de Interior durante los gobiernos del PP contra el independentismo catalán y una segunda sobre las implicaciones de los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. Estas dos comisiones tuvieron luz verde por parte de la Mesa del Congreso esta semana y suponen un paso en la dirección que Junts quería: examinar si hubo caso de persecución judicial ('lawfare').

Esta vez, los demás socios de Sánchez también juegan a este tanto abierto por los de Puigdemont, esta vez con la supuesta trama de espionaje por parte de los sistemas malware Pegasus y Candiru y fijan como sus objetos de estudio en las comisiones "investigar todas aquellas iniciativas llevadas a cabo desde las instituciones del Estado, a fin y a efecto de perseguir la disidencia política". Se trata de un punto compatible con la fiscalización de los órganos judiciales como parte de las instituciones del Estado, lo que actualmente se está llamando 'lawfare'. El punto g del registro también ahonda en esta línea, al proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado y evitar su uso en contra de los derechos civiles y políticos.

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En la petición registrada este jueves y a la que ha tenido acceso EFE, los tres grupos enumeran a algunas de las supuestas víctimas del espionaje según lo publicado por 'The New Yorker' y 'El País' tras la investigación de los laboratorios forenses Citizen Lab (Universidad de Toronto) y Amnesty International Security Lab.

Entre estos como los presidentes de la Generalitat Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas; los del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs; líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi, Marta Rovira; destacados activistas como Marcel Mauri (Òmnium Cultural) o Elisenda Paluzie (ANC) o abogados como Andreu Van den Eynde o Gonzalo Boye.

Figuran también parlamentarios europeos, del Congreso y del Parlament catalán como Jordi Solé, Antoni Comín, Diana Riba, Míriam Nogueras, Jon Iñarritu, Albert Botran, Ferran Bel, Albert Batet o Josep Maria Jové.

Todos ellos, según expone la petición de creación de esta comisión que fue rechazada en la anterior legislatura, habrían sido objeto de un espionaje ilegal, hecho que "socava derechos fundamentales, como son el del respeto y protección individual a la intimidad y privacidad".

Los grupos recuerdan que este tipo de programas de espionaje permiten no solo la interceptación de comunicaciones sino un acceso absoluto a su contenido, además de que "solo se vende a las fueras de seguridad las agencias de inteligencia". Por ello, y tras reprochar que las víctimas del espionaje no han recibido ningún tipo de información, los tres grupos consideran necesario aclarar "los presuntos malos usos de estamentos y recursos públicos para la persecución política y, en concreto, la intromisión a la intimidad y privacidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales".

Consideran en su petición que para que la comisión de Investigación sea efectiva, es imprescindible poner toda la documentación y los medios precisos a su disposición, a fin de esclarecer estos hechos.

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