Cuando Francia comenzó a colaborar con España en la lucha antiterrorista, ETA se quedó sin su apreciado ‘santuario’ al norte de los Pirineos, donde los miembros de la organización se movían con impunidad casi absoluta y desde donde proyectaban los atentados que perpetraban en nuestro país. Sin esa baza, la dirección estudió la posibilidad de establecerse en Portugal, que permitía una cierta relajación policial al encontrarse en otro país, pero con la proximidad geográfica necesaria para llevar a cabo sus acciones criminales.

Una parte de esa estrategia quedó al descubierto en la declaración de uno de los etarras citados recientemente por la Audiencia Nacional en el marco de la investigación del asesinato del juez Francisco Querol, en octubre del año 2000. El magistrado Santiago Pedraz juzga la supuesta implicación de la cúpula de ETA en este crimen, que hasta ahora no tenía culpables inculpados, en un procedimiento abierto tras una querella de la asociación Dignidad y Justicia.

En el marco de estas investigaciones, la Audiencia Nacional recibió un informe de la Guardia Civil en el que se identificaba a varios miembros de ETA en la cúpula de la organización que dio las órdenes oportunas para acabar con la vida de Francisco Querol. Entre ellos, figuran algunos históricos dirigentes como Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, que entonces dirigía la rama militar de la organización. También a Iñaki de Rentería, Mikel Antza, Jon, Baltza, Willy, Ramontxo, Anboto y Olga.

Uno de los comandos más activos de los que disponía Txapote para llevar a cabo los atentados era el Buru Hauste, con Madrid como principal zona de operaciones. Entre los miembros de este comando figura Oier Goitia, quien sería detenido en el año 2005 en una operación policial en Francia. Entre sus funciones figuraban cuestiones logísticas, como mantener infraestructuras para los pistoleros de la organización o el aprovisionamiento de armas y documentos falsos.

El papel de Goitia

Oier Goitia prestó declaración ante el juez Pedraz el pasado mes de marzo, revelando algunas de las andanzas de sus compañeros y las instrucciones que recibió por parte de la cúpula. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli detallan que, en la Audiencia Nacional, Goitia afirmó que recibió una carta en la que se le propuso colaborar con ETA a principios del año 2000, cuando estaba estudiando en Barcelona. Acudió a la cita, en Francia, pero asegura que no identificó a sus interlocutores.

Goitia terminaría aceptando la propuesta de colaborar con ETA –siempre siguiendo su declaración ante el juez- y le pidieron que gestionase un piso en Salamanca. Allí alquiló un inmueble, transmitiendo sus avances al jefe terrorista Juan Luis Rubenach. En ese piso coincidía con más personas que entraban y salían, pero asegura que él no tenía contacto con ellos, porque a veces estaba allí y otras veces regresaba a Barcelona varios días para estudiar.

Es en este punto de la declaración cuando Goitia revela que también recibió órdenes de buscar infraestructuras en Portugal y en el norte de España, por lo que se trasladó a Asturias y a Castilla y León. En su declaración ante el juez, Goitia también aseguró que no ayudó a elaborar ninguna bomba, en relación con el asesinato de Querol, y que en diciembre de 2000 vuelve a casa con sus padres porque ya había dejado la universidad.

La obsesión de ETA con Portugal no acabaría ahí. En el año 2010, la policía del país vecino intervino una vivienda en la localidad de Óbidos que albergaba entre 1.300 y 1.500 kilos de explosivos. Se trataba de una base en la que los terroristas trataban de asentar una parte sustancial de su poder logístico. La intervención supuso un duro golpe para una organización criminal asfixiada por la presión policial.

La Fiscalía ya ha pedido al juez que tome medidas cautelares contra Oier Goitia para retirarle el pasaporte y que se presente de forma periódica en los juzgados, prohibiéndole además que salga de territorio nacional. Además, la decisión de poner en libertad provisional a Goitia ha dado pie a un rosario de recursos por parte de la Fiscalía, de la familia del juez Querol y de la asociación Dignidad y Justicia.

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