Opinión

La ‘preOkupación’

El PSOE se ha metido en terreno pantanoso porque entre sus electores hay mucho inquilino pero también trabajador propietario de ‘piso-hucha’ que puede salir trasquilado con la nueva Ley de Vivienda

  • Uno de los momentos de tensión vividos entre los okupas y las fuerzas de seguridad en Majadahonda

El PSOE ha lanzado en la última semana una Ley de Vivienda con una letra beneficiosa para inquilinos que no pueden hacer frente a los elevados precios del alquiler, pero cuya música no suena nada bien a otro tipo de votante en disputa con el PP: pequeño propietario de clase trabajadora con un piso-hucha fruto del ahorro de toda una vida de sacrificio para complementar la pensión actual o futura.

Cientos de miles de españoles que se siguen auto ubicando en una cada vez más inexistente clase media, aunque sea para disimular su creciente empobrecimiento, están hoy expuestos a ese riesgo de nuevo cuño que es la inquiokupación -deja de pagar pero no abandona la vivienda-, y ven con alarma la posibilidad de que ahora se retarde legalmente en el desahucio del moroso.

Patxi López sostiene que no, que “solo el 0,85% son entradas en viviendas habitadas” y eso es allanamiento de morada, es decir, susceptible de desahucio exprés…. pero ¿Qué hay de aquellos inquilinos que se convierten en okupantes? ¿Debe soportar esa carga un trabajador o un jubilado, obligados ahora por ley a aminorar sus ingresos hasta en un ocho por ciento mientras los costes de inversión -hipoteca, IBI, seguros, comunidad de vecinos, y factura de la agencia inmobiliaria- siguen disparándose al son del IPC?

Son cientos de miles de electores, por cuya papeleta van a pelear a cara de perro Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hasta el 28 de mayo, como se pudo ver este martes en el Senado, los que acaban de recibir de su Gobierno que el tope de subida al alquiler será un 2% en 2023 y del 3% el año próximo, cuando la inflación acumulada desde 2022 no va a bajar del 13% antes de 2024. Es de ir, sobre un alquiler medio de 600 euros, perder un ocho por ciento es perder 48 euros al mes o 597 al año; una mensualidad completa… palabras mayores para cualquier economía doméstica.

Venimos de dos ejercicios pandémicos durante los cuales mucho pequeño arrendatario que no es uno de esos fondo buitre que la calle llama asustaviejas por su afán en desahuciar ancianos, ya fue solidario renunciando a un mes o dos de alquiler en 2020

Recuerden que venimos de dos ejercicios pandémicos -2020 y 2021-, durante los cuales mucho pequeño arrendatario que no es Blackstone ni ningún otro fondo buitre de esos que la calle llama asustaviejas, por su afán en desahuciar ancianos a golpe de aumentos imposibles, fueron solidarios renunciando al alquiler; hablamos de gente que mantiene una relación más o menos cordial con sus inquilinos hasta bajarles la renta -cuando no suprimirla- en los peores meses de encierro obligado en casa y ERTEs, allá por abril y mayo hace tres años.

Pues bien, por si la escasa rentabilidad fuera poca disuasión a la hora de decidirse a alquilar el piso-hucha, a petición de Podemos y ERC, el PSOE ha accedido a modificar durante la tramitación parlamentaria de la norma el artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea el propietario el encargado de acreditar en su denuncia -se supone que con seguimiento detectivesco- que el moroso vive habitualmente allí.

El Gobierno se ha apresurado a aclarar que eso solo afecta a los grandes tenedores de vivienda pero legalmente, dicen los expertos, no está nada claro que la suspensión del derecho de propiedad pueda decidirse en función del número de pisos. En todo caso, no deja de ser el mundo al revés: el arrendatario se ve obligado a investigar al causante de la suspensión del usufructo -no así de sus obligaciones económicas, que suben y suben-, solo porque el Estado en su significado más amplio nos ha fallado.

Menos pisos al mercado

Si, conviene no engañarse. Lo que late en el trasfondo de una Ley de Vivienda desatascada aprisa y corriendo por las urgencias electorales de PSOE y Unidas Podemos el 28M, después de tres años de negociaciones infructuosas, es eso: Las administraciones todas -ayuntamientos, autonomías y Ministerio de Fomento- han fallado a sus ciudadanos más vulnerables porque desde hace treinta años, todas las administraciones y de todos los colores, insisto, se hacen ricas construyendo vivienda libre y dejando de construir VPO; es decir, primero incumplen su función redistributiva y ahora pretenden endosárselas a quien alquile un piso, gran tenedor o no.

Y qué quieren que les diga: muy estimulante el panorama no parece para quien está pensando en arrendar su casa o su segunda residencia, que de todo hay en esta época de estrecheces, con el fin e llegar mejor a fin de mes o complementar su pensión. Sostienen expertos inmobiliarios como Beatriz Toribio, directora adjunta de la empresa de inversión Masteos, que, lejos de lo que se pretende, vamos a una contracción de la oferta de vivienda en alquiler.

No sé si Pedro Sánchez es “un chollo“ para los okupas, como dice el PP, o alguien solo preocupado por dar vivienda a “los más desfavorecidos”, como sostiene el PSOE; es más, temo que una cosa y otra puedan acabar siendo compatibles

No sé si Pedro Sánchez es “un chollo“ para los okupas, como dice Borja Sémper, o solo un hombre preocupado por proporcionar vivienda a “los más desfavorecidos”, como sostiene la Dirección del PSOE; es más, temo que una cosa y otra acaben siendo compatibles debido a un error de análisis socialista: ni todos los propietarios son grandes tenedores -más de cinco viviendas- como el funesto Fondo Blackstone, ni la Okupación -sea mediante patada en la puerta o en su versión más light, la inquiOkupación- es un problema (solo) de vivienda.

La okupación preOkupa en muchos más barrios de nuestras ciudades de lo que el PSOE está dispuesto a reconocer, básicamente porque suele degenerar en un problema de convivencia vecinal y hasta salubridad, hasta que se convierte en un asunto de orden público carne de audiencias informativas ávidas de emociones fuertes. Había que ver hace escasos días el tenso desalojo de todo un edificio en Majadahonda (Madrid); un inmueble entero okupado por familias a las cuales se ofreció realojamiento pero declinaron porque pueden pagar, ojo, pero sobre todo, tomado por una veintena de delincuentes con cientos de antecedentes penales que hacían la vida imposible al vecindario.

Desconozco qué cálculos electorales habrán hecho en La Moncloa y Ferraz, pero pienso que no han sabido calibrar el grado de cabreo que hay en la calle con la okupación y la inquiOkupación antes de lanzar esta Ley de Vivienda… que por algo José Luis Ábalos antes, y ahora Nadia Calviño se oponían a pegarse el tiro en el pie que supone con la práctica congelación de alquileres a mucho propietario socialista, ahora, además, temeroso de que le dejen de pagar sine die.

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