La 'Operación Grizzly' que ha destapado supuestas irregularidades en tres obras del AVE en Barcelona no sólo buscaba localizar pruebas sobre los amaños detectados, sino también pruebas del dinero y otros regalos que hubieran podido recibir media docena de trabajadores de la empresa pública. Para ello, el juez ordenó el registro de sus domicilios en busca, entre otros indicios, de "evidencias de viajes realizados" ante la sospecha de que estos hubieran sido sufragados por las empresas adjudicatarias.

Un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revela que los directivos de la empresa pública aprobaron sin justificación el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona. También destaca que se devolvieron a la constructora dinero de más por descuentos realizados y otros supuestos pufos.

La Guardia Civil cita este lunes a declarar en el cuartel de la localidad a seis personas para interrogarles por las adjudicaciones realizadas por el equipo de gobierno que presidió hasta 2012 el actual diputado autonómico Bartolomé González a dos empresas de la trama, Cofely-GDF Suez y Water Music. El pasado jueves intervinieron documentación de los expedientes en el consistorio.

El director general y presunto jefe de la trama, Arcadio Mateo, consiguió manejar a los consejeros para que no se investigara la denuncia que hizo llegar en abril uno de los directivos de la sociedad estatal. El tema siempre se posponía "a la siguiente reunión". No fue hasta noviembre, siete meses después y ya con la espada de Damocles de la Fiscalía sobre la compañía, cuando Hacienda propuso crear un "Comité de Control Interno" para analizar las irregularidades y elaborar auditorías.  

Federico Ramos de Armas, subsecretario de Presidencia, colocó a su amigo Leopoldo González-Echenique como abogado de cabecera de Acuamed en noviembre de 2014, después de su dimisión como presidente de RTVE. Sólo estuvo 5 meses en la empresa pública, periodo que coincidió con el pleno apogeo de la trama corrupta. Tanto Ramos de Armas como Echenique son abogados del Estado y personas de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría.

Según el presidente de la LFP, el Levante-Deportivo estaba siendo investigado desde antes incluso de jugarse. La Policía podría tener grabaciones que implican a varios jugadores granotas. La denuncia de Barkero, cuyo testimonio será decisivo, y la no convocatoria en los siguientes partidos de tres de los cuatro acusados por el guipuzcoano, elevan las sospechas. En principio, el Deportivo parece estar limpio.

Aunque sus denuncias las hizo siendo vicepresidente segundo, ahora que ha desbancado a Astiazaran de la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional ya no tiene excusas. "Normalmente suele haber 5 ó 6 partidos en los que se sospecha que puede existir un resultado pactado", llegó a decir Tebas. Pues su labor es descubrirlos y denunciarlos, porque haberlos, los habrá o los está habiendo...

Aunque la red de corrupción internacional destapada por la Europol no afecta a la Liga ni a clubes, jugadores y árbitros españoles, el vicepresidente de la LFP aseguró que "en España se han comprado partidos". El CSD pidió al Fiscal General del Estado que investigue los posibles casos, pero Torres Dulce quiere pruebas.

El entrenador de la Juventus de Turín, Antonio Conte, ha reivindicado su inocencia en el escándalo de amaño de partidos en el fútbol italiano, que se ha saldado con una sanción de diez meses "absurda y desgraciada" para el técnico, quien sin embargo "nunca" ha apostado en su vida.