El juicio de las 'tarjetas black' se parece cada vez más al Camarote de los hermanos Marx. Las decisiones de la jueza Murillo rechazando pruebas de testigos y cambiando el calendario de declaraciones ha hecho ingobernable hoy el juicio. "Es una pervisión del sistema procesal", señaló uno de los abogados.

Los acusados de las 'black' se han presentado ante el tribunal como víctimas de un "linchamiento mediático y social" en los dos últimos años. También han defendido su trabajo en Caja Madrid y Bankia, ignorando las consecuencias de las políticas tomadas por la entidad para preferentistas, accionistas y contribuyentes.

El juez Pedraz destaca en su último auto que una conversación telefónica entre Miguel Bernard y una empleada de Luis Pineda desvela que el sindicato aspiró a entrar en el sumario por las 'visas opacas' dentro de la estrategia para "para ejercer presión a determinadas entidades". Entre los imputados en esta causa está Miguel Blesa, uno de los principales objetivos de cabecilla de la trama desmantelada en la 'Operación Nelson'.

La entidad financiera y el Fondo presentan sendos escritos de acusación contra las 66 procesados por el 'caso de las visas opacas' en el que discrepan en las penas a solicitar para cada uno de los encausados y a cuál de las dos deben ir destinados los fondos que éstos devuelvan del dinero dilapidado con los polémicos 'plásticos'.

El magistrado solicitó en abril a la entidad financiera que le remitiera "certificación de los cargos" realizados con 110 visas opacas de 81 titulares, pero no lo hizo con otros 120 plásticos. El 'olvido' beneficia a la mitad de los directivos, entre ellos Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, algunos de los cuales tienen aún sin validar miles de apuntes que figuraban en el documento que destapó el escándalo.