Firmado a fecha 28 de febrero por el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez y remitido desde el Ayuntamiento de Barcelona, un escrito especifica que serán los policías locales de Barcelona los encargados de determinar si el desalojo debe o no producirse finalmente. Analizar la situación, hablar con los protagonistas y determinar si se producirá o no, son algunas de las medidas que la alcaldesa de Barcelona interpone en el escrito, según publica El Mundo.
La respuesta del sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, que ampara entre otros, a la policía local, ha exigido por carta a la alcaldesa de Barcelona que revise su ordenanza al entender que traslada a las patrullas responsabilidades propias de un juez, por tener que determinar sobre el terreno si existen coacciones antes de paralizar o no el desahucio.
En concreto, según especifica el escrito y publica El Mundo, el ayuntamiento pretende que los policías «comprueben que las personas desalojadas lo están siendo en contra de su voluntad por cualquier medio o procedimiento al margen de un procedimiento legal y ajustado a derecho, como por ejemplo coacciones». En el escrito del sindicato, proponen al ayuntamiento que dejen de recurrir a la policía local como «un recurso fácil» y un «instrumento que sustituya otras posibilidades de intervención de la Administración en la resolución de determinadas problemáticas en las que la Guardia Urbana debe de ser un agente de orden y complementariedad, no el principal actor, ni menos el único garante.
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