El PNV ha insistido este sábado en que se materialice el traspaso de la competencia de inmigración y ha señalado que Euskadi practica esta política "desde la inclusión". Por su parte, EH Bildu ha instado a convertir Euskadi en "país de acogida" mientras que el PP ve un "disparate jurídico el contar con 17 sistemas de inmigración" en el Estado.
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido al acuerdo de Junts con el Gobierno de cara a que Cataluña cuente con la competencia de inmigración, así como al compromiso del Ejecutivo central con PNV de completar el Estatuto y transferir también esa competencia pendiente.
En este sentido, el parlamentario del PNV José Antonio Suso ha afirmado que la política de inmigración de su partido es "de inclusión, no de exclusión" y, hasta la fecha, lo que se hace en Euskadi, "sin tener la competencia", es "una política permanente de inclusión de aquellas personas en esa fase de autonomía personal".
Suso ha recordado que "no se ha cumplido la transferencia" en materia de inmigración y el PNV está pidiendo "que se realice". "En esta fase venimos trabajando ya hace muchos años, para dar solución a los problemas que la migración se encuentra cuando llega", ha expresado.
"Y no sólo a la que se ha acogido a la política de asilo, sino a aquellos que han llegado de forma no incorporada a esa reglamentación", ha precisado.
Por ello, ha afirmado que el compromiso de la formación jeltzale "sigue siendo el mismo, incluir, no excluir". "Por tanto, si hay una nueva modificación de la ley, se hace una ley orgánica, va a ser necesaria la participación del PNV y sus votos; y seguimos trabajando en ese modelo, en el modelo de inclusión", ha dicho.
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, ha reconocido que "no está claro" qué ha conseguido Junts en relación a la competencia de inmigración.
"Nosotros debiéramos utilizar esa competencia para convertir a Euskadi en el país de acogida que tiene vocación de ser", ha asegurado, para añadir que los compromisos que el PNV reclama abarcan "la segunda acogida y no la primera, que es la concesión de asilo" y que corresponde al Estado español.
PSE
Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha apuntado que será necesaria una ley orgánica "que es la que habrá que trabajar". "Este es el momento en el que, a través de la negociación de esta ley orgánica en el Congreso de los Diputados, cada grupo podrá plantear todas sus quejas, todos sus miedos y todas sus aportaciones", ha dicho.
El representante socialista en la Cámara vasca ha apuntado que "entre aquellos grupos que consideren que es necesario y preciso realizar este tipo de medidas, es el momento de la negociación". "No hay nada acordado no hay nada cerrado sino que el momento de abrir un proceso de negociación de una nueva ley", ha zanjado.
Desde Elkarrekin Podemos, Isabel González ha advertido que en Euskadi hay medio millón de inmigrantes, muchos de ellos trabajando y otros no, "pero los queremos de pleno derecho". "Queremos que la competencia esté aquí para darles todos los derechos que necesitan y no solo como mano de obra para cubrir unos puestos de trabajo", ha añadido.
PP
Por su parte, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha advertido que supondría un "disparate jurídico de grandes dimensiones", así como de falta de "practicidad", el contar con 17 sistemas de inmigración en el Estado.
Tras considerar que el lehendakari va "a rebufo" en su reclamación, Garrido ha advertido que ninguna Comunidad Autónoma, salvo Euskadi, incluida las gobernadas por el PSOE, han pedido la transferencia.
"Jurídicamente es inviable de acuerdo a las competencias exclusivas que marca el artículo 149.1 de la Constitución. Es una cuestión que incide en política exterior y de seguridad y tiene que ser una política global", ha señalado, para añadir que se está ante una "línea roja" que no se puede traspasar.
Por último, el representante de Cs José Manuel Gil ha asegurado que la Constitución deja "claro" que la inmigración es "competencia exclusiva del Estado" por lo que cualquier cesión al respecto es "inconstitucional".
"No nos extraña que Junts haya solicitado esa competencia porque los partidos nacionalistas siempre han tenido un fondo xenófobo importante y no nos sorprende que el lehendakari no haya dejado pasar ni 24 horas para levantar el dedo y pedir la competencia", ha concluido.
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