"Pase lo que pase nos mantendremos como acción pública para devolver el dinero a los contribuyentes". Así de contundente se muestra Fernando Sánchez Costa, presidente de la Sociedad Civil Catalana, después de que el Tribunal de Cuentas haya rechazado los avales que presentó el Instituto Catalán de Fianzas (ICF) para cubrir una fianza de 5,4 millones de euros impuesta a los líderes independentistas de Cataluña por el uso inadecuado de fondos públicos para promocionar el 'procés'. El órgano fiscalizador descartó admitir el plan de la Generalitat de cubrir con dinero público estos avales impuestos por presunta malversación con los gastos derivados de la acción en el exterior de la causa independentista. Entre los implicados en esta causa se encuentran Carles Puigdemont, al que se exige una fianza de 2,1 millones de euros; Oriol Junqueras, que deberá abonar dos millones, o Artur Mas, cuya fianza asciende a 2,9 millones.
La Sociedad Civil Catalana, a pesar del alto coste que puede llegar a suponer este litigio y tras una larga deliberación, promete mantenerse como acción pública a fin de esclarecer esta causa y devolver todo el dinero malversado a los contribuyentes. Para ello, la asociación estudiará "factura por factura" el informe fiscalizador de 500 páginas elaborado por el Tribunal de Cuentas, y por el que se determinó que desde la Generalitat se usaron indebidamente fondos públicos. "Nuestro objetivo con este análisis (de las facturas) es ver exactamente dónde hay malversación", explica Sánchez Costa.
La plataforma adopta esta postura en pleno acuerdo entre socialistas y 'populares' para la renovación de los órganos judiciales. Entre estos se encuentran los nuevos nombramientos del Tribunal de Cuentas, que la Sociedad Civil Catalana considera positivos, puesto que son "fruto de pactos con sentido entre las fuerzas políticas", subraya el presidente de la asociación.
No obstante, existe cierta preocupación en el seno de la asociación por el ruido generado en torno a estos nombramientos y el optimismo en ERC, que confía que con este cambio de miembros se pueda propiciar una nueva salida judicial a la treintena de excargos de la Generalitat que están encausados. Para la formación independentista lograr un resultado favorable para los implicados en esta causa es prioritario.
Admitido el recurso de Vox
Hace dos días se conocía que el Tribunal Constitucional había admitido a trámite un recurso de Vox contra la creación de un fondo para avalar estas fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a cargos y excargos de la Generalitat. El instrumento que denuncia la formación 'verde' se trata de un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que, en palabras del conseller de Economía, Jaume Giró, tiene el objetivo de "proteger a todos los servidores públicos".
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