Esta semana hemos asistido a un curso acelerado sobre incentivos. Hemos hablado de ellos para circular por carretera, para lograr objetivos de vacunación, para llevar a los niños a estudiar a una academia del inglés o para elevar la tasa de ocupación femenina. Hemos comprobado cómo, a veces, la política es capaz de generar incentivos poderosos que gobiernan el comportamiento de una sociedad de un modo muy diferente al que no habría sin ellos. En otras ocasiones, lo contrario, y es que, en no pocas circunstancias, el legislador se cree hacedor de un bien superior impulsado por un exceso de confianza sobre su capacidad para modificar los incentivos de las personas. No es poca cosa, y todo ello, en una sola semana.
Por ejemplo y, en primer lugar, se ha hablado de liberar las patentes de vacunas contra la covid. La propuesta, surgida en el seno de la Administración Biden, trata de lograr un objetivo muy loable: inmunizar más y más rápido en países con dificultades de acceso a la vacuna. Sin embargo, liberar la patente es un ejemplo clásico de destruir incentivos de tal modo que te pueden llevar a no alcanzar los objetivos buscados por muy buena intención que lleves.
Seamos sensatos, y aquí dejo mi postura. Liberar patentes puede ser (habría que verlo) una muy aceptable solución a corto plazo, pero posiblemente muy mala a largo. Las farmacéuticas, tan denostadas y criticadas por algunos, llevan a cabo una labor fundamental. Cuando tome alguna de las medicinas que hoy le hacen estar genial, piense que detrás de ellas, muchas, ha habido una alineación de incentivos privados que han tenido como resultado que se le quite el dolor de cabeza. Y no hablo de otros males más graves. Y no me venga con que eso también lo puede hacer el Estado. En parte, no lo niego, pero ¿prefiere andar con una o dos piernas? De ahí que la estrategia para obtener la vacuna lo antes posible haya pasado por ayudar a algunas de estas empresas. Un claro ejemplo de colaboración público-privada para obtener algo bueno para la sociedad descansando en gran parte sobre los incentivos privados. Y para situaciones como la actual, nuestro deber es aprovechar la fuerza bruta que de estos incentivos obtenemos, no debilitarlos. Por ello, y creo que Enrique Feas y Federico Steinberg lo cuentan magníficamente bien aquí, debemos pensar en soluciones válidas, que alcancen el objetivo buscado, pero que no mate la gallina de los huevos de oro; que equilibre muy bien todas las opciones y todos los incentivos.
Reformas tributarias
Por otro lado, se ha hablado de incentivos asociados a las diferentes reformas tributarias, cuyo debate ha explotado esta semana. Los impuestos han sido muchas veces utilizados para algo más que recaudar. El análisis de las externalidades nos lleva a considerar que un impuesto puede ser una buena herramienta para internalizar los costes que estas suponen, del mismo modo que las subvenciones hacen lo propio con los beneficios que pueden generar. Por ejemplo, si de una actividad que se realiza en el día a día por parte de empresas y/o personas se deriva un coste a terceros, un impuesto podría internalizar dicho coste, logrando que el mismo sea soportado por quienes participan en la transacción que lo genera.
Bien. No hay mucho más que decir sobre esto y tenemos muchos ejemplos de ello. Esta semana, sin ir más lejos, se ha hablado del pago por el uso de la carreteras y autovías y que podría encajar en esta idea. Es cierto que esta tasa podría venir motivada (seguro que es la principal razón) por el simple objetivo de recaudar. Ok. Pero también tiene sentido, desde el punto de vista del modelo pigouviano de internalización de costes, que unas tasas a la circulación trate de desincentivar una acción que supone un coste no soportado por quienes viajan: paga quien contamina. Otra cosa es su diseño, pero sobre esto no hablamos ahora.
Muchas veces quienes deben actuar desde la esfera pública lo hacen con una excesiva confianza en su capacidad de influir en los actos de los demás
Otros ejemplos de incentivos han aparecido en el debate semanal. En algunas ocasiones sobre propuestas que demuestran que, muchas veces y tal y como he adelantado al introducir esta columna, quienes deben actuar desde la esfera pública lo hacen con una excesiva confianza en su capacidad de influir en los actos de los demás.
Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de reforma tributaria (más bien maquillaje tributario) en Andalucía. En dicha propuesta, presentada hace unos días, se recogen cambios en impuestos como el de la renta, donde, entre muchas cosas, se introducen nuevas desgravaciones por ciertas cuestiones peregrinas. Sin embargo, analizadas con frialdad, dichas desgravaciones difícilmente lograrán su objetivo, salvo el mero hecho de debilitar, una vez más, la capacidad recaudatoria de un impuesto como es el IRPF. Tratar de influir en comportamientos del contribuyente por el simple hecho de retocar su declaración de la renta implica un exceso de confianza o una mera devaluación de las razones por las que tomamos nuestras decisiones.
Los incentivos que hacen que las personas tomen ciertas decisiones pueden ser muy poderosos, y poco se puede hacer por parte de la política para cambiarlos
Por ejemplo, ¿realmente creen que una persona va a irse a vivir a un pequeño pueblo porque le desgraven 200 euros al año en el IRPF? ¿O piensan que una familia decidirá apuntar a su hijo o hija a una academia de inglés porque te puedas desgravar un máximo de 150 euros al año? No. Lo único que harás será premiar a quienes ya lo iban a hacer. Los incentivos que hacen que las personas tomen ciertas decisiones pueden ser muy poderosos, y poco se puede hacer por parte de la política para cambiarlos, desde luego no con el simple retoque de un mero porcentaje en una declaración anual. En estas ocasiones, desde la política principalmente, debe reconocerse que los incentivos de las personas no cambian por el simple hecho de ofrecerles un caramelito fiscal. Al final, lo que estaremos haciendo es dar dinero para que se haga algo que, en cualquier caso, se habría hecho. No tiene sentido.
¿De verdad pensamos que se puede evitar el despoblamiento de las zonas rurales mediante la introducción de una desgravación cuando lo que hace falta es dotar de servicios públicos de calidad?
Por ejemplo, me llama la atención incentivar el retorno del extranjero de capital humano mediante la subvención de algunos meses de alquiler. ¿De verdad pensamos que la gente se va a buscar oportunidades a otros países porque no pueden pagar tres meses de alquiler en ciudades como Málaga o Zaragoza? O bonificar estudios STEM a mujeres. ¿De verdad piensan que esta política puede suplir, con unos centenares de euros al año, a toda una vida de condicionamientos sociales que reducen la probabilidad con la que las mujeres deciden cursar estos estudios? Por último, ¿de verdad pensamos que se puede evitar el despoblamiento de las zonas rurales mediante la introducción de una desgravación cuando lo que hace falta es dotar de servicios públicos de calidad y crear una oferta de muchos otros que hagan que realmente merezca la pena no tener que trasladarse a la gran ciudad? Y es que a veces, no pocas, subestimamos o no entendemos las decisiones de las personas, qué genera sus incentivos, valorándola en 150 euros al año o, simplemente, creyendo que deben servir a un bien superior cuando al final logramos lo contrario.
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