La oficina regional de Lazio del Tribunal de Cuentas de Italia ha multado a diez concesionarias de máquinas recreativas con 2.500 millones de euros, de los que 120 millones corresponden a la firma catalana Cirsa. La sanción tiene su origen en las discrepancias que mantiene desde 2007 el Tribunal de Cuentas italiano y el regulador nacional del juego Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) en torno a la normativa que rige el sector.