El inesperado cambio en la normativa fiscal que se produjo en diciembre de 2016 ha tenido un impacto de 53,3 millones de euros. Este cambio en la normativa ha llevado a la compañía a incurrir en causa de disolución. Así, el consejo propondrá a la Junta de Accionistas los acuerdos a adoptar para restablecer el equilibrio patrimonial y revertir esta situación